Cancún, 29 de octubre.- La Senadora del PAN por Quintana Roo, Mayuli Martínez Simón aseveró que no se deben militarizar los puertos y las escuelas náuticas del país, porque generaría problemas estructurales en el manejo del turismo y comercio mercante.

La legisladora panista aseguró que alterar la estructura comercial dejará en total vulnerabilidad la economía y el desarrollo de México, sobre todo en el estado de Quintana Roo, donde los puertos son puntos clave en el turismo.

En la tribuna del Senado de la República, al anunciar su voto en contra, la legisladora panista señaló que:

“La reforma que los Senadores de Morena pretenden aprobar representa un cambio radical en la forma en que se ha organizado y ha desarrollado el comercio marítimo en México desde 1973, cuando en nuestro país se planteó como política de Estado impulsar el desarrollo económico y se transfirió a la organización y operación del comercio marítimo de la Semar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes bajo el postulado que ya no nos encontrábamos en un entorno de conflicto bélico y que la prioridad era impulsar el crecimiento económico de las y los mexicanos”.

Mayuli Martínez aseguró que esta reforma no privilegia el crecimiento del país. “Por eso creo que se trata de un capricho más del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador por concentrar el poder para combatir una supuesta corrupción e ineficiencia del comercio, pero esto es una mentira”, aseveró.

La legisladora Martínez Simón expresó que es una mentira que existan actos de corrupción, ya que no ha habido ni una sola determinación en contra de ninguna administración portuaria, y  si la hubiera, que se presenten las denuncias correspondientes, sin embargo, hasta este día no ha habido ni una sola determinación en contra de ninguna administración portuaria.

“De verdad, lo que vemos lamentablemente en este gobierno es una centralización y militarización. Están teniendo un impacto y un retroceso económico sobre la industria portuaria tan importante como la de nuestro país frente a otras naciones”, concluyó la senadora.

Yucatán, 29 de octubre.- Tras los daños que dejó el paso del huracán “Zeta” en Yucatán, el gobernador de la entidad, Mauricio Vila solicitó la declaratoria de emergencia para 33 municipios del oriente en donde se registraron mayores atestaciones.

A través de sus redes sociales, el mandatario local dio a conocer que las comunidades cumplen con los requisitos establecidos en los lineamientos para acceder al Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden).

El gobierno de la entidad busca que los que los yucatecos puedan acceder a esos recursos y continuar con el apoyo y atención a la población de los diferentes municipios y localidades afectadas.

Los municipios para los que fue solicitada la Declaratoria de Emergencia son: Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Cuncunul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzitás, Dzoncauich, Espita, Huhí, Hunucmá, Kaua, Panabá, Quintana Roo, Río Lagartos, San Felipe, Sinanché, Sucilá, Tahmek, Tekal de Venegas, Tekom, Temax, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Tizimín, Uayma, Valladolid y Yobaín.

De acuerdo con autoridades, entre los principales daños se encuentran afectaciones a viviendas, calles inundadas, árboles y techos de lámina derribados, falta de energía eléctrica y agua potable.

Ciudad de México, 29 de octubre.- Luego de que el PRI planteara que el Estado pagara del erario la defensa del ex titular de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no se utilizarán recursos públicos para esto.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario explicó que el divisionario en retiro ya recibe la ayuda consular por parte de su administración, por lo que no se utilizarían recursos públicos para pagar la defensa de ningún connacional detenido en el exterior.

“Existe la asistencia consular cuando se trata de mexicanos que son detenidos o enjuiciados en el extranjero, se les apoya, pero no se utilizan recursos para defender a ningún presunto responsable de delitos, no se está contemplando esa posibilidad. No se puede utilizar dinero del presupuesto para pagar la defensa de los detenidos en Estados Unidos”, dijo.

“Existe la asistencia consular cuando se trata de mexicanos que son detenidos o enjuiciados en el extranjero, se les apoya, pero no se utilizan recursos para defender a ningún presunto responsable de delitos, no se está contemplando esa posibilidad”, comentó.

El titular del Ejecutivo federal pidió esperar el desarrollo del juicio contra Cienfuegos, de quien dijo que, si no se presentan elementos de pruebas éste quedaría en libertad, y, en este caso, el general incluso podría contrademandar.

“Él también tendría la posibilidad de denunciar a quienes, sin pruebas ni fundamento, lo acusaron por los daños que le causen a sus familiares y bienes, y sobre todo, por los daños morales que puedan ocasionarse”, indicó.

Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, destacó la ayuda consular al general Cienfuegos desde el primer momento en que fue detenido, esto, con la finalidad de garantizar el debido proceso, que no se violen sus derechos humanos y que tenga una defensa.

Además informó que México ha manifestado en distintas ocasiones, y por diversos medios, su inconformidad con EU por la falta de información sobre este caso.

“Manifestamos verbalmente y por escrito nuestro descontento que no se haya compartido la información. Se dijo que sólo por decisión legal no podía comunicar nada”, aseveró.

Un Juez de Control dio la razón a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECCQROO) y vinculó a dos ex servidores públicos del Ayuntamiento de Tulum, por daños al patrimonio del erario público que superan los 114 millonesub de pesos.

La determinación jurisdiccional derivó de la carpeta administrativa 73/2019, por el delito de desempeño irregular de la función pública, dentro de la cual se establece un daño patrimonial al erario público, detectado por la Auditoría Superior del Estado (ASEQROO) en el ejercicio fiscal 2016, por un monto total de 114 millones 110 mil 588.55 pesos.

Los imputados, hoy vinculados a proceso, son identificados como: J. Y. T. C. (uno) y R. J. A. L. (dos). Al momento de los hechos, ambos tuvieron doble calidad de funciones durante el ejercicio observado como Oficial Mayor, así como Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones del Honorable Ayuntamiento de Tulum.

Los Fiscales Anticorrupción expusieron todos los datos de prueba, concentrados en la posible adjudicación irregular de contratos de prestación de servicios con 29 proveedores; es decir, que no contaban con sustento o justificación alguna, por no seguir los lineamientos establecidos en el reglamento de adquisiciones a nivel municipal y estatal.

Con base a esto, los datos de prueba fueron analizados por el organismo judicial y consideró que le asistía la razón a la Fiscalía.

El Juez de Control impuso, como medida cautelar, la firma periódica para ambos ex servidores públicos ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECAS), cada 15 días, mismas que iniciarán el 9 de noviembre de 2020. Además, ninguno podrá salir de la geografía estatal por todo el tiempo que dure el proceso.

La primera audiencia inicial quedó registrada el día 22 de octubre, pero los imputados solicitaron la ampliación del plazo constitucional, mismo que feneció el día de hoy.

En esta misma carpeta también se encuentra imputado un tercer ex funcionario público, identificado con las iniciales A. C. G. A.; sin embargo, este no fue vinculado en este delito, aunque el Juez de Control dejó a salvo los derechos de la Fiscalía Anticorrupción para dos posibles procedimientos.

En primer lugar, se podría ejercitar la acción penal por un delito diverso o promover una apelación dentro de los términos de la legislación aplicable.

El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quedó sujeto a medidas cautelares por los señalamientos vertidos hacia la diputada Judith Rodríguez Villanueva, tras su dimisión a dicho organismo político.

El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) ordenó a María Candelaria Ayuso Achach y José Alberto Alonso Ovando, presidenta y secretario general del CDE del PRI, respectivamente, no verter manifestaciones o actos en contra de la diputada local, en tanto se resuelva la queja que esta última promovió por violencia política.

El 2 de octubre pasado Rodríguez Villanueva presentó su renuncia al PRI, por la obstaculización que la dirigencia estatal mantuvo hacia ella.

Mediante un comunicado se le catalogó de oportunista, traicionera y trabajar para beneficios personales.

La aludida promovió denuncia por presunta discriminación ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por vejación a sus garantías individuales en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), y por violencia política ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).

Este miércoles la Comisión de Quejas y Denuncias del Ieqroo determinó que los señalamientos del CDE a través de un comunicado oficial publicado en su portal y redes sociales, presentó indicios de violencia política.

Aprobó la emisión de medidas cautelares en contra de la presidenta y secretario general del PRI, en tanto se entra al estudio de fondo y la queja es resuelta.

Se conminó al CDE del PRI abstenerse a realizar cualquier manifestación, comentario o expresiones en contra de la diputada local, mientras el Ieqroo se pronuncia al respecto.

Los integrantes de la citada comisión: Elizabeth Arredondo Gorocica, Thalía Hernández Robledo y Jorge Poot Pech, consideraron urgentes las medidas cautelares.

“Encontramos hostilidad y violencia en contra de la denunciante, ya que al no existir ninguna declaración de los dirigentes del PRI con la finalidad de que se dejaran de hacer esos comentarios, hay el temor de que de no evitarse medidas cautelares, en el futuro se agrave la situación”, cita el resolutivo.

De haber desacato, la parte agraviante sera sujeta a la sanción corrapondiente.

Es el primer caso registrado en la historia politica de Quintana Roo.

Rodríguez Villanueva afirmó recientemente que no desistirá hasta se deslinden responsabilidades en contra del CDE del PRI, por agraviarle y violentar