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La medida representa un auténtico cambio de paradigma en un país aquejado por la violencia de género
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Lucía era una muy buena estudiante. Cursaba el tercer año de primaria y era muy cercana a su profesor, quien se ganó su confianza. Él le pedía que se quedara después de clase para ayudarle a arreglar el salón y una tarde, la violó. Lucía no dijo nada, hasta que empezó a sentirse muy extraña. Cuando fue al médico con su mamá, tenía 15 semanas de embarazo, por lo que no se le permitió abortar debido a que su embarazo ya estaba muy avanzado. Lucía, de sólo 9 años de edad, fue obligada a ser madre.
Su caso, recogido por la Organización No Gubernamental (ONG) #NiñasNoMadres, es sólo uno de los que por desgracia, ocurren constantemente en México.
Y es que aunque la ley asegura que las mujeres y niñas víctimas de violación tienen derecho a acceder a un aborto legal en todo el país, su implementación parece ser subjetiva y muchas mujeres siguen enfrentando barreras para acceder al servicio.
Pero, las cosas podrían cambiar.
Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046-SSA2-2005 que ordena a todos los hospitales públicos interrumpir los embarazos resultados de violación, sin necesidad de que la víctima denuncie el delito ante el Ministerio Público o que alguna autoridad lo autorice.
De esta manera, las instituciones de salud no podrán negarse a realizar la práctica.
La modificación a dicha norma establece que, en el caso de niñas menores de 12 años, la solicitud se realizará por conducto del padre y/o la madre, o a falta de estos, su tutor.
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Con ocho votos a favor, el máximo tribunal del país determinó que son infundadas las controversias promovidas por los estados de Baja California y Aguascalientes, en contra de esta regulación, que permite la interrupción legal del embarazo en los hospitales públicos del país, cuando las mujeres han sufrido violencia sexual.
“Me parece que este Tribunal Pleno tiene que mandar un mensaje muy claro de que se protegen los derechos de las mujeres, y esta norma tiende a hacer mucho más laxo, fácil y sencillo el acceso a este derecho Constitucional cuando las mujeres han sido afectadas de manera grave en su libertad sexual“, dijo Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN.
Arturo Zaldívar recordó que ha votado reiteradamente por el derecho de todas las mujeres a interrumpir el embarazo, “pero en el caso de violación, me parece que es casi incuestionable que ese derecho sea accesible, cercano y rápido”.
“Me parecería muy grave poner requisitos excesivos e interpretaciones rigoristas de cómo se debe modificar una Norma Oficial Mexicana para no generar cierta incomodidad a las autoridades que la van a aplicar, perjudicando el derecho de las mujeres y las niñas”, insistió.
¿Qué se necesita para acceder al aborto legal por violación?
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1. Solicitar la interrupción voluntaria del embarazo, y bajo protesta de decir verdad, informar que el embarazo es producto de una violación.
2. En menores de 12 años, la solicitud deberá realizarla la madre, padre o tutor.
3. El personal que realice el aborto NO tendrá que comprobar lo dicho por la solicitante.
4. No se necesita aprobación previa de ninguna autoridad.
La doble tragedia de las víctimas de violación
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Pese a vivimos en pleno siglo XXI, las mujeres en México siguen siendo un sector vulnerable, pero que día a día pelea por sus derechos.
De acuerdo con cifras del 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INGI), más del 66% de las mujeres mexicanas de 15 años y más han sido víctimas de violencia. Y en el país más de 16.4 millones de mujeres no tienen ingresos propios o sus ingresos vienen de otras fuentes. Esto las lleva a depender de otras personas, para su manutención y el de sus familias e hijos.
Y si la mujer es niña, indígena y/o pobre, la victimización es aún más cruda.
Es el caso Paulina Ramírez Jacinto, quien en 1999, tenía 13 años de edad, cuando dos delincuentes entraron a su casa ubicada en Mexicali (Baja California) y la violaron. Paulina provenía de una familia de escasos recursos y se le negó el acceso a la interrupción del embarazo.
A pesar de que la interrupción del embarazo es legal por esta causa en Baja California y en todo el país, funcionarios públicos se valieron de diversas maniobras, incluso presión psicológica, para impedirle a Paulina el procedimiento. Ante la actuación de las autoridades en México, el asunto se llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2002.
Durante años, el Estado mexicano negó su responsabilidad en relación con las violaciones a los derechos humanos de Paulina, hasta que se logró la firma de un Acuerdo de Solución Amistosa entre Paulina y su familia y el gobierno mexicano, fungiendo la Cancillería mexicana y la CIDH como mediadoras.
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El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) es una ONG en la que un grupo de expertas en diversas especialidades, trabajan para apoyar a las niñas y mujeres víctimas de abusos sexuales, violaciones o violencia obstétrica, además de muerte materna, reproducción asistida y la conciliación de la vida laboral con la personal.
Han atendido y ayudado a numerosas víctimas, pero hay algunos casos que se vuelven emblemáticos.
Tal es el caso de Adriana, de 26 años. En el 2012 fue secuestrada y violada sexualmente por su ex pareja, quien además, durante años ejerció violencia doméstica en su contra. Aunque la Fiscalía de Durango la rescató del secuestro y detuvo al agresor, no le proporcionaron información sobre anticoncepción de emergencia ni sobre su derecho a interrumpir legalmente un embarazo producto de una violación.
Al enterarse que estaba embarazada como consecuencia de las violaciones de las que fue víctima, Adriana solicitó la interrupción de su embarazo ante la Fiscalía, con el acompañamiento de GIRE, pero enfrentó varios obstáculos como la falta de información objetiva y actualizada por parte del médico legista y demoras injustificadas para que se autorizara la interrupción.
Cuando la Fiscalía finalmente emitió la autorización, pasaron diez días para que pudiera acceder al procedimiento, ya que los servicios públicos de salud no contaban con personal médico capacitado y disponible. Durante ese tiempo, Adriana recibió amenazas de muerte por parte de su expareja, sin que la Fiscalía le otorgara protección alguna.
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Meses después, tras las amenazas de muerte hacia ella y su familia y presionada por el abogado de su ex pareja, Adriana se retractó de las acusaciones realizadas para que él “saliera libre”. En lugar de investigar las amenazas y otorgar medidas de protección para Adriana y su familia, la Fiscalía de Durango la acusó por el delito de falsedad de declaraciones y aborto, solicitando además la reparación del daño patrimonial ocasionado.
Adriana permaneció detenida por un tiempo. En prisión, recibía visitas conyugales por parte de su agresor y tuvo un segundo embarazo, mismo que tuvo que continuar en detención. Además, en este tiempo perdió la custodia del hijo que tenía de una pareja anterior.
Adriana vivió en un estado de afectación psicológica severa, y enfrentando un proceso legal sin las medidas de protección necesarias. Las autoridades, lejos de garantizar sus derechos humanos, la revictimizaron e incurrieron en violencia institucional.
Otro caso es el de Esmeralda, quien quedó embarazada como consecuencia de una violación sexual cometida por su padrastro cuando ella tenía 12 años de edad.
Al denunciar la violación ante el Ministerio Público en Sonora, se solicitó la interrupción del embarazo. Sin embargo, rechazaron su solicitud bajo el argumento de que podría afectar su salud.
Cuando la tía de Esmeralda contactó a GIRE, se planeó presentar un escrito solicitando la prestación del servicio de salud para la interrupción del embarazo; sin embargo, antes de que esto sucediera, Esmeralda tuvo un aborto espontáneo mientras jugaba en el rancho.
Posteriormente, la Procuraduría General de Justicia de Sonora informó a GIRE que, debido que la legislación penal local no establecía de manera expresa la facultad del Ministerio Público para autorizar una interrupción del embarazo producto de una violación, se remitió la solicitud al juez de control, quien nunca la respondió.
(Información Infobae)
