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Denuncian ante AMLO Red de corrupción por despojo de terrenos en Puerto Morelos

Gobierno municipal coludido con Grupos afines al PRI y ex gobernador, para despojo de terrenos costeros

Araceli Domínguez

Mediante una carta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador, vecinos de Puerto Morelos, Quintana Roo, denunciaron una red de corrupción entre autoridades municipales y estatales para favorecer a grupos del PRI y el ex gobernador Roberto Borge Angulo, actualmente preso, y despojarlos de terrenos en la zona costera del municipio llamada Punta Brava, valuados en millones de dólares.

 Araceli Domínguez, vocera de los propietarios afectados, denunció la falsificación de documentos, firmas y sellos para que la Tesorería de Puerto Morelos cobrara prediales, incluso con coordenadas geográficas que corresponden a Groenlandia, mediante una carta enviada al Presidente de la República en junio de este año, la cual fue dada a conocer a medios de comunicación nacionales.

La denuncia puso al descubierto una red de corrupción entre empresas desarrolladoras con sede en Yucatán, notarías públicas de los estados de Puebla y Quintana Roo, así como del Comisariado Ejidal, el Registro Público de la Propiedad, la dirección de Catastro y la Tesorería de Puerto Morelos, para que grupos afines al PRI se apoderen de 60 predios en la zona costera del municipio de Puerto Morelos, la Ruta de los Cenotes y Leona Vicario.

De acuerdo a la periodista Lydia Cacho, la autoridad municipal de Puerto Morelos y su tesorería han aceptado incluso el pago de predial de lotes con coordenadas de Europa del Este y Greonlandia; a nombre de personas ya fallecidas o bien de prestanombres ligados al PRI que viven en zonas humildes, siendo supuestamente propietarios de predios con valor de millones de dólares.

Estos pagos de predial facultan a los supuestos daños a bardear e iniciar obras sobre los terrenos despojados,  en tanto los verdaderos dueños de los lotes tienen que iniciar un juicio de despojo, mientras son amenazados por grupos paramilitares o acosados con demandas laborales de supuestos ex empleados, las cuales son resueltas en 48 horas por tribunales locales donde casualmente trabajan hijos de los notarios o de servidores públicos involucrados en los despojos, en lo que Lydia Cacho identificó como el modus operandi de esta red de corrupción, en entrevista con Aristegui Noticias.

Por su parte, Araceli Domínguez acusó, en la misiva dirigida al Presidente López Obrador, que la Tesorería de Puerto Morelos, a cargo de Eligio Sierra Peña, bloquea a los dueños verdaderos y favorece los pagos de los prestanombres y empresas desarrolladoras.

 “Eso sí a los particulares que estamos empadronados no nos dejan ni pagar predial por el bloqueo a modo que realiza la alcaldesa Laura, pero a los que nos están robando y amenazado de muerte les permiten pagar como si fueran propietarios”, estableció una de las víctimas en el reportaje publicado por la periodista Lydia Cacho.

Entre otros presuntos responsables de las invasiones de terrenos y despojos están también el entonces director de Catastro del Ayuntamiento, Erick D. Estrella Matos, quien emitió cédulas catastrales falsas.

En su investigación, Lydia Cacho establece que en Puerto Morelos, Quintana Roo, se lleva a cabo una estrategia de acaparamiento ilícito de tierras de la zona costera, nuevos allanamientos con grupos armados bajo protección política de los ex gobernadores del PRI, la cual no ha parado con la detención del ex gobernador Roberto Borge Angulo, preso por aprovechamiento ilícito del poder. Borge Angulo es sobrino de José Kamel Nacig Borge, el empresario protegido por el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, cuando fue vinculado a una red de pederastas por la misma periodista.

Desde principios el 2018, Eligio Sierra Peña aparece como Tesorero Municipal de la administración de Puerto Morelos y cercano colaborador de la cuestionada presidenta Municipal Laura Fernández Piña, a quien pagó incluso su fiesta de cumpleaños según denunciaron en medios de comunicación locales, trabajadores del ayuntamiento que fueron obligados a asistir al evento.

Eligio Sierra Peña fue colaborador del gobernador Mario Marín entre el 2005 y el 2008, en calidad de Coordinador General en la Secretaría de Finanzas y Administración, gracias al apoyo del entonces secretario de Gobernación del Estado, Javier López Zavala, quien luego sería frustrado candidato a la gubernatura en el 2010, la cual perdería ante Rafael Moreno Valle.

 

Eligio Sierra Peña habría iniciado precisamente su carrera política en Quinta Roo cuando el “gober precioso”, a través de Javier López Závala, operó la detención de la periodista en Cancún, tras la aparición de su libro “Los Demonios del Edén” en el cual acusaba al llamado Rey de la Mezclilla y al entonces gobernador de Puebla.

La primera presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, es sobrina del esposo de la ex senadora Addy Joaquín Coldwell, hermana del segundo padrino de Eligio Sierra Peña, Pedro Joaquín Coldwell, con quien colaboró en el PRI cuando fue dirigente del partido. En 2017 Laura Fernández se convirtió, contraviniendo la ley electoral, en la primera alcaldesa del recién formado municipio sin habitar en el mismo. Su residencia oficial está en la ciudad de Cancún.

Sierra Peña fue ratificado como tesorero de Puerto Morelos en octubre del 2018, una vez que la candidata del PRI, fue reelecta para otro período, ahora en alianza con el Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza.

El funcionario seguía en funciones hasta este año, pero se sabe que busca convertirse en Auditor del Estado de Puebla para tratar de tener un fuero que le permita evadir una posible responsabilidad en caso de que el gobierno federal inicie la indagatoria correspondiente, como piden los denunciantes en su carta al Presidente de la República.

No obstante, el gobierno municipal asegura que el conflicto por los terrenos de Punta Brava es entre privados, los afectados explican que la intervención de la Tesorería municipal ha propiciado esta invasión de terrenos, al aceptar el pago de predial de lotes inexistentes en el catastro o que pertenecen a otras personas.

De acuerdo a Lydia Cacho se trata del mismo esquema utilizado en Tulum, como describe en su reportaje: Tulum, tierra de ambiciones, para apoderarse de terrenos que permitan la urbanización de grandes zonas hoteleras, sin respeto a la ecología, el medio ambiente y las comunidades locales que ya existen en esas zonas, las cuales son expulsadas bajo amenazas.

 

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