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La Cámara de Diputados aprobó en comisiones iniciar juicio político contra Rosario Robles por “Estafa Maestra”

La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados aprobó iniciar el proceso de juicio político en contra de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), por el presunto desvío de más de 7,000 millones de pesos en la llamada “Estafa Maestra”.

Con el voto a favor de Morena, PT, PES, PAN, PRD y MC, y uno en contra del PRI, se avaló comenzar con este procedimiento legislativo que la podría llevar a una inhabilitación para ocupar cargos públicos.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo, de Morena, Rosario Robles contaba con solicitudes de juicio político desde el 2013, por parte del PAN, PRD y Morena.

“Fue un tema de un recurso que fue etiquetado a las universidades, que no hay antecedente alguno, y por estar violando un tema de derechos humanos, y un tema de las facultades que le fueron conferidas allá en los dos encargos que tuvo como secretaria en Desarrollo Social y de la Sedatu”.

Rosario Robles Berlanga, titular de la Sedatu, podría ser la primera ex funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto en ser sometida a juicio político (Foto: Cuartoscuro)
Rosario Robles Berlanga, titular de la Sedatu, podría ser la primera ex funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto en ser sometida a juicio político (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, Verónica Juárez, diputada del PRD, señaló que desde el 2013, legisladores de su partido, expusieron que Robles incurrió en un daño patrimonial sustancial, al evitar que estos recursos se destinarán para garantizar derechos que tenían que ver con la salud, con la educación, con la vivienda.

La también ex secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se encuentra en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla, tras ser vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público.

La Subcomisión de Examen Previo también cuenta con dos solicitudes de juicio político en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, por violación a derechos humanos e incumplimiento de funciones como presidente.

La Estafa maestra

Rosario Robles permanece en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla acusada de ejercicio indebido de funciones. (Foto: Archivo)
Rosario Robles permanece en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla acusada de ejercicio indebido de funciones. (Foto: Archivo)

Una investigación de Animal Político Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) reveló el esquema utilizado por el gobierno federal de Enrique Pela Nieto mediante el cual a través de 11 dependencias desvió miles de millones de pesos.

Solo al revisar las cuentas públicas 2013 y 2014, por ejemplo, detectaron contratos ilegales por 7,670 millones de pesos y de estos recursos no se sabe dónde quedaron 3,433 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, los 7,670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían de recibir recursos públicos porque no tienen la infraestructura ni personalidad jurídica para prestar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente no existen, eran empresas fantasmas.

La Secretaría de Desarrollo Social, con Robles Berlanga como titular, el Banco Nacional de Obras (Banobras), con Alfredo del Mazo, como director, y Petróleos Mexicanos (Pemex) con Emilio Lozoya, como titular, son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el entonces auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, no dudó en calificar como un fraude millonario.

El esquema consistió en que el gobierno no entregó directamente los contratos a las empresas, sino que primero los otorgó a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las compañías. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron 1,000 millones de pesos de “comisión”, aunque no haya prestado ningún servicio.

Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.

Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3,433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadasEl resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido.

Oytras dependencias involucradas son: la SEP en la época de Emilio ChuayffetFOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas, la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo. (Infobae)

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