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Ingresa Sefiplan iniciativa para reestructurar deuda pública de Q.Roo

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La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado ingresó hoy al Congreso local una iniciativa para reestructurar la deuda pública, de poco más de 19 mil millones de pesos. De ser aprobada, se alargaría el plazo de pago, para reducir las mensualidades y así disponer de mayor liquidez.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Édgar Gasca Arceo confirmó el ingreso de esta propuesta, la que afirmó será analizada con detenimiento, para asegurarse que no signifique esta reestructura más deuda, además de revisar en qué rubros se destinará el dinero que ya no se emplearía en el pago de estas mensualidades.

Incluso, se recorrieron las comparecencias de los municipios, como partre de la aprobación de sus presupuestos, para enfocarse hoy exclusivamente en el Gobierno del estado.
Indicó que el análisis actual será muy diferente al de la Legislatura pasada, que autorizó una reestructura, con un ahorro de 3 mil 500 millones, que se ignora a qué se destinaron.

“Si es aprobado, será muy diferente, pues se buscará etiquetar el ahorro. Las prioridades son seguridad, salud, educación y campo”, afirmó el diputado isleño.

Dijo tener confianza de que el presupuesto 2020 estará aprobado para el 15 de diciembre, último día del periodo ordinario.

MOVILIDAD
Por otro lado, el legislador vio con buenos ojos el que se haya generado una polémica entre la diputada Erika Castillo Acosta y el Observatorio Legislativo, por su propuesta de reforma a la Ley de Movilidad, ya que significa que hay un trabajo simultáneo en dos frentes en beneficio de los quintanarroenses.

El Observatorio criticó a la diputada por su reforma, al acusarla de pretender empoderar a los transportistas; en respuesta, ella tachó de “fifi” al presidente de este organismo, Eduardo Galaviz Ibarra, añadiendo que tratan de impedir que devele los “negocios” al interior del Instituto de Movilidad.

“Lo veo como una extraordinaria oportunidad para que una legisladora y el observatorio trabajen juntos”, indicó Gasca Arceo.

“Ojalá la diputada tenga la apertura de invitar al Observatorio”, añadió.
Sobre los calificativos de Castillo Alonso, el presidente de la Jugocopo dijo que Galaviz sabe que hay 25 diputados, cada uno con sus ideas y su forma de pensar.

COBROS Y PROTECCIÓN CIVIL
En cuanto a la negativa de la diputada Linda Cobos hacia la propuesta del impuesto por el servicio de la basura, en Othón P. Blanco, Gasca Arceo dijo darle la bienvenida a la apertura, para que cada diputado tenga su opinión.
En su caso, dijo estar igualmente en contra de este cobro, pero a favor del Derecho de Saneamiento.
Sobre el cambio de placas, propuesto por el Gobierno del Estado, dijo que es una situación “difícil”, pues la economía no está para cobros elevados, pero que deben primero conocer la postura del gobierno estatal.

Por último, confirmó que no procederá, al menos este año, la propuesta de elevar la Coordinación de Protección Civil a un Instituto, pues no contiene esta iniciativa un análisis financiero.
Gasca Arceo señaló que no puede obrarse como se hizo con el Instituto de Movilidad, de simplemente crear una dependencia, sin antes verificar cuánto presupuesto requiere y si se dispone del mismo.

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Lili Campos desistió ante el Teqroo de la queja que presentó contra Gabriel Mendicuti por Violencia Política

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Chetumal. La presidenta municipal electa de Solidaridad, Lili Campos Miranda, retiró las acusaciones que hizo contra Gabriel Mendicuti Loría por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género, que presentó durante la pasada campaña electoral.

Debido al desistimiento de su queja, el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) sobreseyó el Procedimiento Especial Sancionador PES/077/2021 presentado contra Mendicuti Loria, de manera que finalizó el expediente sin estudiar si le correspondía responsabilidad.

Cabe mencionar que esta queja deriva de un video en Facebook, en el cual el PAN consideró que Gabriel Mendicuti Loría denigró, difamó y ofendió a Lili Campos Miranda.

Sin embargo, el estudio de la queja se había tardado mucho, pues hace 15 días, en lugar de resolverla, el Teqroo devolvió al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) el expediente, por considerar que le faltó agotar todas las diligencias necesarias para que el asunto quede en estado de resolución, en primera cuenta, porque no se verificó que Lili Campos Mirada haya dado consentimiento para la interposición de la queja, que no fue presentada por ella sino por el PAN.

Asimismo, el Teqroo consideró que en el expediente el Ieqroo no hizo constar todos los hechos que observan en el video que fue motivo de la queja, por lo que solicitó que se desahoguen todos los elementos del expediente con exhaustividad.

Ahora, una vez que el Ieqroo le devolvió el expediente, resultó que Lili Campos Miranda presentó un escrito en el cual se desiste expresamente del procedimiento instaurado, así como de la ratificación del mismo, el pasado 31 de julio.

Por esta razón, el Teqroo consideró que se actualizó una causal de improcedencia para la queja, por la que la sobreseyó.

En otro asunto, los magistrados del Teqroo determinaron la inexistencia de las conductas denunciadas contra Luis Alberto Gómez Flores y Víctor Mass Tah, alcalde de Tulum, por supuesta violencia política contra la mujer en razón de género toda vez que del análisis del caudal probatorio, con perspectiva de género, no se encontró ningún elementos discriminatorio, ni trato diferenciado que pudiera constituir agravio en contra de Emilia Patricia de la Torre Ortiz.

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Ex titular de CAPA ahora va contra FGE y el Poder Judicial

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La ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Paula González Cetina, demandó al gobierno del Estado y al Poder Judicial por los delitos de daños patrimonial y moral, tras haber sido encarcelada por el delito de peculado del cual fue exonerada por instancias judiciales federales.

La demanda interpuesta ante el Tribunal de Justicia Administrativa es contra la Fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, y los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Felipe Ortiz Magaña, Gonzalo Segovia Herrera y Eduardo del Valle García, quienes, dijo, le causaron daño moral por la difusión mediática del caso que la mostraron culpable en todo momento sin que se hayan presentado notas cuando fue absuelta de toda culpabilidad.

Explicó que la intención es la reparación del daño económico y moral que le causaron a ella, a su hijo y a su familia y que el Estado se haga responsable de la actuación indebida de sus funcionarios.

González Cetina consideró que las acusaciones en su contra fueron cuestiones políticas y lamentó que los jueces se hayan prestado a estas acusaciones sin sustento que la vincularon a proceso por un presunto delito de peculado que la mantuvo encarcelada en el Cereso de Chetumal.

Los jueces del TSJ y la fiscal Anticorrupción Rosaura Villanueva Arzápalo se prestaron a un juego político armado desde el inicio de la actual administración estatal o realmente fue falta de capacidad o de preparación, se cuestionó.

La ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) afirmo que la frase “el que la hace, la paga” que acuñó la administración que encabeza el gobernador Carlos Joaquín González para legitimarse se convirtió en una herramienta que causó daños a quienes pertenecieron a la pasada administración y quedaron estigmatizados.

Definitivamente la frase ‘el que la hace la paga’ pudiera ser legítima si la actuación de las autoridades hubiera sido apegada a la legalidad, pero en este caso no puede ser que el Poder Judicial local sea parte de un proceso indebido, enfatizó.

Consideró que no se puede mantener a funcionarios que no den la talla, que no respondan a los intereses de la sociedad y sólo respondan a intereses particulares.

Afirmó que la decisión de interponer la denuncia contra la Fiscal Anticorrupción y tres jueces del Poder Judicial es para sentar precedente y que los funcionarios respondan por su mala actuación “porque la sociedad no merecemos tener funcionarios que no estén alineados al bien de la sociedad”.

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Diputados de Q. Roo le cargan la mano a la FGE con propuesta para que integren carpetas por extorsión

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Chetumal, 2 de agosto.La Comisión Permanente de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo dio lectura y turnó a comisiones para su análisis, una propuesta para exhortar a la Fiscalía General del Estado para que, las carpetas de investigación relacionadas con el delito de extorsión se integren debidamente y no sean turnadas a la Federación, pues dicho delito puede ser sancionado en la entidad.

En la sesión presidida por el diputado Hernán Villatoro Barrios, se dio lectura al punto de acuerdo promovido por el diputado Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

La propuesta detalla que gran parte de las denuncias que se presentan por el presunto delito de extorsión o por “derecho de piso”, son enviadas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por considerar que concurren elementos como la portación de armas y drogas.

Al ser integradas de esta manera, la SEIDO dedica un tiempo procesal considerable el cual es desperdiciado, pues al determinar que el delito de extorsión denunciado no reúne los elementos para ser considerada delincuencia organizada y así ser perseguida por la Fiscalía General de la República, la SEIDO devuelve la carpeta de investigación para su desahogo conducente al ministerio público de la Fiscalía General del Estado.

“Necesitamos que esas carpetas se integren en Quintana Roo y puedan tener un seguimiento puntual; por eso estamos haciendo este exhorto, que persigamos a los que están haciendo el cobro derecho de piso aquí, y que seamos los quintanarroenses los que asumamos nuestra responsabilidad”, agregó el legislador.

El colmo con las ocurrencias de los diputados

Es importante mencionar, que si ya de por si, la FGE debe realizar las indagatorias por narcomenudo tras reforma y que le liberó las manos a la FGR, que de hecho no hace nada de nada, ahora se pretende que también integren expedienten en teoría del orden federal, cuando no tienen suficiente personal para impartir justicia en delitos del orden común y se además se encargar de investigar otros delitos de alto impacto como los asesinatos que están a la orden del día, pues menos efectividad tendrán.

Lo que deberían hacer los diputados del Congreso de Quintana Roo, es exhortarse a sí mimos para ponerse a trabajar y que piensen bien lo que pretenden proponer y aprobar.

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¡Todo aprobado! El Ieqroo ‘palomea’ informes de Oficialía Electoral

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Chetumal, 30 de julio.- Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), en Sesión Ordinaria aprobó los informes relacionados con la Oficialía Electoral, de la Comisión de Contrataciones, Adquisiciones y Bajas del Instituto, así como actas de sesiones ordinaria y extraordinaria.

Por otra parte, se aprobó el informe mensual en materia de encuestas y sondeos de opinión del periodo comprendido del 26 de junio al 28 de julio del presente año.

Se dio a conocer que, a la fecha de la emisión del presente informe no existe reporte alguno sobre la publicación o difusión de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales sobre las preferencias electorales en los medios impresos con presencia en esta entidad, relacionadas con la elección de miembros de los ayuntamientos de este entidad federativa.

Finalmente se aprobaron las actas de la Sesión Ordinaria de fecha 29 de junio y de la Sesión Extraordinaria con carácter de urgente de fecha 12 de julio de la presente anualidad.

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Se declara listo el Ieqroo para la Consulta Popular del 1 de agosto e invita a ciudadanos a participar

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Chetumal, 29 de julio.- El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), invita a la ciudadanía quintanarroense a partir de las 8 y hasta las 18 horas del domingo 1 de agosto, a participar en la primera Consulta Popular para decidir por las opciones Si o No, con relación a la pregunta: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Asimismo, se dio a conocer que se aplicarán los protocolos de salud para esta Consulta Popular en los 11 municipios del Estado, es decir, en las 793 mesas receptoras que se instalarán en toda la entidad, en donde habrán implementos de limpieza e higiene, al mismo tiempo que se adoptarán las medidas entre las y los ciudadanos como el uso de cubrebocas, gel sanitizante al entrar y salir de la casilla, sanitización constante de las superficies, respeto estricto de la sana distancia y la recomendación de llevar su propia pluma, todo ello, para evitar riesgos de contagio por Covid-19.

El Ieqroo manifestó que las personas que podrán decidir, deben ser ciudadanos mexicanos, estar inscritos en el padrón electoral y tener su credencial del INE vigente, en el caso de aquellos ciudadanos que tengan su credencial con vencimiento en 2019 o 2020 aún pueden votar.

Se dijo que, la Consulta Popular pretende que la ciudadanía muestre su aprobación o rechazo a que, con apego al marco legal, sean llevadas acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado, es decir, es un mecanismo que permite a los mexicanos votar sobre temas de trascendencia nacional.

Cabe destacar que de acuerdo a datos del Instituto Nacional Electoral, en todo el país se instalarán 57 mil 87 casillas entre básicas y contiguas, en el caso de Quintana Roo se instalarán 793 casillas de acuerdo a información dada a conocer por la Junta Local Ejecutiva del INE en Quintana Roo.

Se informó que los resultados de dicha Consulta Popular serán obtenidos de los cómputos realizados por las Juntas Distritales del INE. Le corresponde al Consejo General del INE realizar el cómputo total y hacer la declaratoria de resultados y validez de la Consulta Popular. El Consejo General es también el encargado de dar a conocer los resultados finales de la Consulta Popular e informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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