Chetumal, 4 de agosto.- Sergio Acosta Manzanero, presidente de la Asociación de Padres de Familia en Quintana Roo, afirmó que la entidad sí regresará a clases de manera presencial a través del programa denominado “Regreso Seguro”.

Dicho esquema indica que el retorno a las aulas se llevará a cabo el próximo 30 de agosto, y será de manera opcional, es decir, los padres de familia que decidan no llevar a sus hijos a las escuelas, los estudiantes no tendrán afectación en sus calificaciones, siempre y cuando cumplan con las actividades educativas.

Explicó que las clases se aplicaran de manera escalonada, y en dado caso se presente un caso de contagio de Covid-19 de inmediato se cerrará el plantel durante quince días.

Dijo que el reto es grande, ya que varias escuelas fueron vandalizadas, por lo que en breve la Secretaría de Educación iniciará con un programa de activación de planteles educativos, donde el personal docente y directivos participarán.

Asimismo, expuso que la Secretaría de Salud (SSA), a través de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mantendrá una vigilancia permanente en las escuelas al inicio de las clases para verificar que se acaten todas las medidas sanitarías.

Precisó que la jornada no será como antes, es necesario la vigilancia para que todos los estudiantes porten de manera correcta “cubrebocas”, apliquen la sana distancia y el uso constante de alcohol en gel o lavado de manos para evitar contagios.

Chetumal, 4 de agosto.- Por la realización de publicaciones en redes sociales para ‘calumniar electoralmente’ a Carlos Joaquín González, en su calidad de Gobernador de Quintana Roo, por mayoría de votos, el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) determinó amonestar públicamente a la actual alcaldesa de Solidaridad Laura Esther Beristain Navarrete, así como a Minerva Citlalli Hernández Mora y Mario Martín Delgado Carrillo y al partido Morena en la entidad, bajo la figura de “culpa in vigilando”.

Lo anterior, al resolver el Procedimiento Especial Sancionador PES/073/2021, que fuera presentado por Joaquín González, en contra de los Beristaín Navarrete, otrora candidata a la presidencia del Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo; Mario Martín Delgado Carrillo, en su calidad de Presidente Nacional y Citlalli Hernández Mora, en su calidad de Secretaria General de dicho partido, por las supuestas infracciones a disposiciones constitucionales y electorales atribuibles al partido político de Morena, al efectuar manifestaciones calumniosas en las redes sociales de Twitter y Facebook.

En esta resolución, el Teqroo encontró elementos para determinar la intencionalidad de la calumnia electoral y por ende, se calificó como grave ordinaria.

Asimismo, se ordenó dar vista de la presente resolución, a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), para que procedan conforme a derecho.

Chetumal. La presidenta municipal electa de Solidaridad, Lili Campos Miranda, retiró las acusaciones que hizo contra Gabriel Mendicuti Loría por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género, que presentó durante la pasada campaña electoral.

Debido al desistimiento de su queja, el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) sobreseyó el Procedimiento Especial Sancionador PES/077/2021 presentado contra Mendicuti Loria, de manera que finalizó el expediente sin estudiar si le correspondía responsabilidad.

Cabe mencionar que esta queja deriva de un video en Facebook, en el cual el PAN consideró que Gabriel Mendicuti Loría denigró, difamó y ofendió a Lili Campos Miranda.

Sin embargo, el estudio de la queja se había tardado mucho, pues hace 15 días, en lugar de resolverla, el Teqroo devolvió al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) el expediente, por considerar que le faltó agotar todas las diligencias necesarias para que el asunto quede en estado de resolución, en primera cuenta, porque no se verificó que Lili Campos Mirada haya dado consentimiento para la interposición de la queja, que no fue presentada por ella sino por el PAN.

Asimismo, el Teqroo consideró que en el expediente el Ieqroo no hizo constar todos los hechos que observan en el video que fue motivo de la queja, por lo que solicitó que se desahoguen todos los elementos del expediente con exhaustividad.

Ahora, una vez que el Ieqroo le devolvió el expediente, resultó que Lili Campos Miranda presentó un escrito en el cual se desiste expresamente del procedimiento instaurado, así como de la ratificación del mismo, el pasado 31 de julio.

Por esta razón, el Teqroo consideró que se actualizó una causal de improcedencia para la queja, por la que la sobreseyó.

En otro asunto, los magistrados del Teqroo determinaron la inexistencia de las conductas denunciadas contra Luis Alberto Gómez Flores y Víctor Mass Tah, alcalde de Tulum, por supuesta violencia política contra la mujer en razón de género toda vez que del análisis del caudal probatorio, con perspectiva de género, no se encontró ningún elementos discriminatorio, ni trato diferenciado que pudiera constituir agravio en contra de Emilia Patricia de la Torre Ortiz.

La ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Paula González Cetina, demandó al gobierno del Estado y al Poder Judicial por los delitos de daños patrimonial y moral, tras haber sido encarcelada por el delito de peculado del cual fue exonerada por instancias judiciales federales.

La demanda interpuesta ante el Tribunal de Justicia Administrativa es contra la Fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, y los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Felipe Ortiz Magaña, Gonzalo Segovia Herrera y Eduardo del Valle García, quienes, dijo, le causaron daño moral por la difusión mediática del caso que la mostraron culpable en todo momento sin que se hayan presentado notas cuando fue absuelta de toda culpabilidad.

Explicó que la intención es la reparación del daño económico y moral que le causaron a ella, a su hijo y a su familia y que el Estado se haga responsable de la actuación indebida de sus funcionarios.

González Cetina consideró que las acusaciones en su contra fueron cuestiones políticas y lamentó que los jueces se hayan prestado a estas acusaciones sin sustento que la vincularon a proceso por un presunto delito de peculado que la mantuvo encarcelada en el Cereso de Chetumal.

Los jueces del TSJ y la fiscal Anticorrupción Rosaura Villanueva Arzápalo se prestaron a un juego político armado desde el inicio de la actual administración estatal o realmente fue falta de capacidad o de preparación, se cuestionó.

La ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) afirmo que la frase “el que la hace, la paga” que acuñó la administración que encabeza el gobernador Carlos Joaquín González para legitimarse se convirtió en una herramienta que causó daños a quienes pertenecieron a la pasada administración y quedaron estigmatizados.

Definitivamente la frase ‘el que la hace la paga’ pudiera ser legítima si la actuación de las autoridades hubiera sido apegada a la legalidad, pero en este caso no puede ser que el Poder Judicial local sea parte de un proceso indebido, enfatizó.

Consideró que no se puede mantener a funcionarios que no den la talla, que no respondan a los intereses de la sociedad y sólo respondan a intereses particulares.

Afirmó que la decisión de interponer la denuncia contra la Fiscal Anticorrupción y tres jueces del Poder Judicial es para sentar precedente y que los funcionarios respondan por su mala actuación “porque la sociedad no merecemos tener funcionarios que no estén alineados al bien de la sociedad”.

Chetumal, 2 de agosto. – La Comisión Permanente de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo dio lectura y turnó a comisiones para su análisis, una propuesta para exhortar a la Fiscalía General del Estado para que, las carpetas de investigación relacionadas con el delito de extorsión se integren debidamente y no sean turnadas a la Federación, pues dicho delito puede ser sancionado en la entidad.

En la sesión presidida por el diputado Hernán Villatoro Barrios, se dio lectura al punto de acuerdo promovido por el diputado Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

La propuesta detalla que gran parte de las denuncias que se presentan por el presunto delito de extorsión o por “derecho de piso”, son enviadas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por considerar que concurren elementos como la portación de armas y drogas.

Al ser integradas de esta manera, la SEIDO dedica un tiempo procesal considerable el cual es desperdiciado, pues al determinar que el delito de extorsión denunciado no reúne los elementos para ser considerada delincuencia organizada y así ser perseguida por la Fiscalía General de la República, la SEIDO devuelve la carpeta de investigación para su desahogo conducente al ministerio público de la Fiscalía General del Estado.

“Necesitamos que esas carpetas se integren en Quintana Roo y puedan tener un seguimiento puntual; por eso estamos haciendo este exhorto, que persigamos a los que están haciendo el cobro derecho de piso aquí, y que seamos los quintanarroenses los que asumamos nuestra responsabilidad”, agregó el legislador.

El colmo con las ocurrencias de los diputados

Es importante mencionar, que si ya de por si, la FGE debe realizar las indagatorias por narcomenudo tras reforma y que le liberó las manos a la FGR, que de hecho no hace nada de nada, ahora se pretende que también integren expedienten en teoría del orden federal, cuando no tienen suficiente personal para impartir justicia en delitos del orden común y se además se encargar de investigar otros delitos de alto impacto como los asesinatos que están a la orden del día, pues menos efectividad tendrán.

Lo que deberían hacer los diputados del Congreso de Quintana Roo, es exhortarse a sí mimos para ponerse a trabajar y que piensen bien lo que pretenden proponer y aprobar.